El país aprobó el Convenio 190 de la OIT mediante la Ley 2528 de 2025 y las empresas tienen ahora un rol clave para prevenir la violencia y el acoso laboral, adoptando medidas estratégicas que van más allá del cumplimiento legal.
Cultura 29/09/2025
RedaccionLa violencia y el acoso en el mundo del trabajo dejaron de ser asuntos periféricos para convertirse en compromisos legales y éticos. Con la aprobación del Convenio 190 de la OIT a través de la Ley 2528 de 2025, Colombia reconoce de manera expresa el derecho de toda persona a desempeñarse en un entorno libre de violencia, discriminación y acoso.
La nueva normativa amplía la protección a trabajadores formales, informales, pasantes, voluntarios e incluso postulantes a un empleo. Además, establece que la violencia laboral puede ocurrir en cualquier espacio vinculado con la actividad productiva, desde oficinas y fábricas hasta capacitaciones, transporte, comunicaciones digitales o alojamientos empresariales.
Este marco se suma a la Ley 1010 de 2006 y a la reforma laboral de 2025, fortaleciendo los comités de convivencia y obligando a empleadores a adoptar protocolos de prevención, canales de denuncia eficaces y medidas de reparación.
Sin embargo, el impacto real de esta normativa dependerá de las prácticas que asuman las organizaciones. Expertos en gestión de personas señalan que la prevención de la violencia de género en el trabajo no puede limitarse a la sanción, sino que debe integrarse en la cultura corporativa.
Reducir la violencia de género en el ámbito laboral ya no es solo una obligación legal, sino un imperativo organizacional. Las compañías que integran la equidad en su gestión fortalecen la reputación, la productividad y el bienestar de sus equipos.
En este contexto, la Ley 2528 de 2025 marca un punto de inflexión; mientras el Estado diseña políticas públicas de prevención y sanción, el sector privado debe consolidar entornos seguros e inclusivos.
Cada acción corporativa, desde la implementación de protocolos hasta la construcción de una cultura de respeto, representa un paso hacia un mercado laboral más justo y competitivo en Colombia.
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