La sanción impuesta a Cerrejón corresponde a reportes presentados fuera del plazo de dos días hábiles que exige la ley para notificar diagnósticos laborales. El Ministerio advirtió que la demora refleja un manejo descuidado de las obligaciones empresariales.
Gobierno y legislación25/08/2025
Camila Ramirez
1 min y medio de lecturaEl proceso administrativo se abrió en enero de 2024, luego de que la Dirección Territorial de La Guajira impusiera la sanción por el reporte extemporáneo de 29 diagnósticos realizados en diciembre de 2023. En sus descargos, Cerrejón sostuvo que las demoras respondieron a “olvidos involuntarios” y no a una conducta dolosa.
Tras evaluar los argumentos, la Dirección de Riesgos Laborales concluyó que la justificación no era suficiente para eximir a la empresa del cumplimiento normativo y ratificó la sanción mediante la Resolución 3309 del 12 de agosto de 2025. El acto administrativo también precisó que la cuantía de la multa se fijó con criterios de proporcionalidad, considerando el tamaño de la empresa y el reconocimiento de la falta durante el proceso.
Con la resolución ya ejecutoriada —es decir, una decisión definitiva que no admite más recursos— Cerrejón deberá consignar 500 millones de pesos al Fondo de Riesgos Laborales en un plazo máximo de 15 días.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, afirmó que los tiempos de reporte son esenciales para atender oportunamente las condiciones de salud en el entorno laboral.
Cada enfermedad laboral refleja factores de riesgo a los que están expuestos los trabajadores. La omisión en los plazos denota un actuar descuidado frente a las obligaciones legales, señaló.
El funcionario también hizo un llamado a todas las compañías del país para que fortalezcan sus sistemas de prevención, realicen seguimiento al uso de equipos de protección y promuevan entornos seguros que garanticen el bienestar de sus equipos.
El director de Riesgos Laborales, Wilmar Rincón, recalcó que la decisión no admite nuevos recursos y el Ministerio subrayó que este tipo de medidas buscan no solo sancionar incumplimientos, sino prevenir su repetición, en línea con lo establecido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-214 de 1994.
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