Colombia enfrenta grandes desafíos laborales debido a desigualdades históricas que afectan a mujeres, comunidades rurales y sectores vulnerables. A pesar de los avances en la reducción del desempleo, un informe de la OCDE y los Diálogos Territoriales sobre Desigualdad revelan que las brechas salariales y la informalidad siguen siendo barreras clave para un desarrollo económico más inclusivo y sostenible en el país.
Gobierno y legislación10/12/2024
Camila RamirezSi bien la tasa de desempleo nacional ha mostrado señales de mejora, el mercado laboral sigue marcado por desigualdades históricas que afectan a las poblaciones clave, incluidas las mujeres, las comunidades rurales y las poblaciones étnicas. En este contexto, tanto los informes internacionales como las iniciativas nacionales están enfocando sus esfuerzos en cómo superar estas brechas para construir una economía más inclusiva y justa.
Desigualdad histórica y sus repercusiones en el empleo
La desigualdad en Colombia, según los Diálogos Territoriales sobre Desigualdad —una iniciativa liderada por el Colectivo Reimaginemos, con el apoyo de la Universidad de los Andes y la Fundación Prolongar— es una herencia estructural que se remonta a la época colonial. A lo largo de la historia, las dinámicas sociales, políticas y económicas han favorecido a unas regiones sobre otras, creando "periferias nacionales" donde el acceso a servicios básicos y oportunidades laborales sigue siendo muy limitado.
Los diálogos también destacan cómo estas desigualdades históricas se manifiestan en el mercado laboral. Mientras que algunas regiones como el Pacífico y la Amazonía aún sufren por la falta de inversión y visibilidad, otras zonas como las grandes ciudades han logrado mejorar su acceso al empleo, aunque de manera desigual. A ello se suma la discriminación racial, de género y de clase, que continúa siendo una barrera importante para acceder a trabajos dignos y bien remunerados. Las mujeres, en particular, siguen enfrentando enormes desafíos en su integración al mercado laboral, una realidad que se ve reflejada en las cifras de desempleo y brechas salariales.
Desigualdad de género y su impacto en el empleo
Un informe reciente de la OCDE, titulado "Un vistazo a la Educación 2024", pone de manifiesto cómo las mujeres jóvenes en Colombia enfrentan obstáculos significativos en términos de empleo y salarios. Las mujeres de entre 25 y 34 años tienen menos posibilidades de estar empleadas que sus pares masculinos, especialmente aquellas con niveles educativos inferiores. Según el informe, únicamente el 43% de las mujeres jóvenes con un nivel educativo inferior al nivel de secundaria superior están empleadas, en comparación con el 85% de los hombres en la misma situación.
La brecha se reduce cuando las mujeres alcanzan niveles educativos terciarios, pero persiste una disparidad salarial considerable. A pesar de que el 76% de las mujeres jóvenes con educación terciaria están empleadas, solo ganan el 85% del salario de sus compañeros varones. Esta diferencia, aunque más baja que el promedio de la OCDE (83%), sigue siendo un reflejo claro de la dificultad de las mujeres para igualar las condiciones salariales de sus pares masculinos, incluso cuando tienen el mismo nivel de formación académica.
El informe también señala que los trabajadores con niveles educativos más bajos enfrentan una situación especialmente difícil. En Colombia, el 42% de las personas de entre 25 y 64 años que no tienen un título de secundaria superior ganan la mitad o menos del salario medio, lo que destaca la precariedad laboral de los sectores menos calificados.
El empleo rural como motor de cambio
En las zonas rurales, la situación es igualmente compleja. Aunque la tasa de desempleo en estas áreas ha mostrado una mejora significativa, alcanzando un 5,9% en septiembre de 2024 —su nivel más bajo en seis años— la informalidad laboral sigue siendo uno de los principales problemas. En el sector agropecuario, que ha sido clave en la generación de empleo, la tasa de informalidad laboral alcanza niveles alarmantes. Entre junio y agosto de 2024, el 84,1% de los trabajadores rurales se encontraba en condiciones de informalidad, lo que significa que no tienen acceso a beneficios de seguridad social ni a protecciones laborales.
El sector agropecuario, que incluye actividades como la agricultura, la ganadería, la pesca y la silvicultura, ha sido un motor importante para la creación de empleo en el campo. En septiembre de 2024, este sector generó alrededor de 97.000 nuevos empleos, lo que representa un crecimiento del 3,1% en comparación con el año anterior. Este aumento ha sido impulsado por las políticas de desarrollo rural implementadas por el gobierno, que buscan mejorar las condiciones de vida y empleo en las áreas rurales.
El crecimiento en la ocupación del sector agropecuario es una señal clara de que estamos avanzando hacia una economía más inclusiva y sostenible
Dora Inés Rey, directora de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA)
Sin embargo, destacó la necesidad urgente de políticas que promuevan la formalización del empleo en el campo, ya que la informalidad laboral limita las oportunidades de desarrollo y seguridad social para las comunidades rurales.
A pesar de los avances, la informalidad sigue siendo un desafío clave en el sector agropecuario. En algunas actividades como la agricultura, ganadería y pesca, la tasa de informalidad alcanza el 87,9%, lo que refleja la precariedad laboral que enfrentan miles de campesinos colombianos. Esta situación no solo afecta la calidad de vida de los trabajadores, sino que también limita el crecimiento económico y el acceso a derechos básicos como la salud, pensiones y seguridad social.
El gobierno y diversas organizaciones del sector agropecuario han reconocido que la formalización del empleo es un paso esencial para garantizar condiciones laborales justas y mejorar la calidad de vida en las zonas rurales. Sin una formalización adecuada, las comunidades campesinas seguirán enfrentando grandes desafíos en su camino hacia un desarrollo económico sostenible y equitativo.
En los últimos años, el país ha logrado avances importantes en la reducción de la tasa de desempleo, especialmente en las áreas rurales, y en el impulso al sector agropecuario como motor de empleo. Sin embargo, la desigualdad estructural, la brecha salarial de género y la informalidad laboral siguen siendo desafíos persistentes que requieren políticas públicas más inclusivas y eficaces. El camino hacia una Colombia más equitativa pasa por reconocer estas desigualdades, impulsar la formalización laboral y asegurar que todos los colombianos, independientemente de su género, etnia o lugar de residencia, tengan acceso a empleos dignos, bien remunerados y con plenos derechos laborales.
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